Imagínate a una madre que ordena a su hijo a barrer la casa. Este chico, con poco ánimo, se pone a barrer y en lugar de traer la palita y o llevar al basurero los residuos, decide ocultarlos debajo de la alfombra. Cuando la madre o el padre vuelvan a barrer se encontrarán con un basurero, literalmente; su hijo les ha transferido el costo.
Una analogía similar ocurre con la extracción y explotación de los recursos naturales; los países desarrollados aplican medidas, en teoría, sostenibles, promueven energías alternativas y establecen políticas para regular la explotación de los recursos que poseen sus países, como proteger sus bosque, sin embargo, importan materias primas de países en vías de desarrollo, los cuales aún aplican técnicas de extracción atrasadas y prácticas insostenibles; esto se llama transferencia de costos ambientales, producto del neoextractivismo que promueve la globalización.
El neoextractivismo es una estrategia adoptada por países en vías de desarrollo para aprovechar sus recursos naturales como motor de crecimiento en los ciclos económicos. Este modelo, ya arraigado en la región latinoamericana desde la época de la conquista europea (llamado extractivismo) se basa en la exportación de materias primas como petróleo, minerales, madera o agricultura intensiva, para obtener ingresos y divisas en el mercado internacional (Gudynas, 2011). América Latina es una de las regiones donde este fenómeno ha sido más notorio, pero también se ha extendido a otras partes del mundo. El neoextractivismo, a diferencia de su primigenio concepto de extractivismo, se basa en tendencias de la globalización, en ese sentido, Svampa (2019) afirma que “no por casualidad, ante los progresismos reinantes, el neoextractivismo volvió a instalar con fuerza la ilusión desarrollista, expresada en la idea de que, gracias a las oportunidades brindadas por el nuevo auge de las commodities y más aún del papel activo del estado, sería posible lograr el desarrollo”.
Una de las principales críticas al neoextractivismo es la transferencia de costes ambientales, la cual ocurre cuando los impactos negativos de la extracción o explotación de recursos, como la contaminación del agua, la degradación del suelo, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, entre otras, recaen desproporcionadamente sobre las comunidades locales y el entorno natural local y nacional.
La transferencia de costes ambientales tiene múltiples dimensiones. Por un lado, las empresas transnacionales que llevan a cabo la extracción pueden estar sujetas a regulaciones más laxas en países en vías de desarrollo, lo que les permite eludir estándares ambientales más estrictos (Barbier, 2005). Por otro lado, las ganancias obtenidas por la venta de los recursos naturales no se reinvierten adecuadamente en programas de mitigación o en la restauración ambiental, lo que perpetúa la degradación del entorno (Bebbington et al., 2008). Bajo esa misma premisa, en países desarrollados, se establecen políticas que regulan la explotación de recursos naturales dentro de sus fronteras, pero que las importan de otros países, transfiriendo el daño ambiental y la explotación en otros países, en su mayor parte, subdesarrollados.
Las comunidades locales circundantes a las zonas de extracción o explotación de recursos son las más afectadas por la transferencia de costes ambientales. Estos recursos naturales suelen ser una parte fundamental de su subsistencia, incluso de su identidad, sin embargo, por causa de la contaminación y degradación causadas por el neoextractivismo, amenazan su seguridad alimentaria, salud y calidad de vida (Acosta, 2009), además de que enfrentan problemas sociales como el éxodo del campo la ciudad, la pérdida de tierras y la ruptura de su tejido social (Bridge, 2004). Dichas comunidades son las más afectadas al no tener resiliencia ante las tendencias que esta voraz práctica.
Son muchos los ejemplos de neoextractivismo y transferencia de costos ambientales, el más popular, por ser de la región es la explotación de recursos forestales en la Amazonía, por ejemplo, en Brasil, la tala ilegal y la expansión de la ganadería han acelerado enormemente la deforestación, lo que ha afectado negativamente a las comunidades indígenas locales, menguando la flora y fauna nativas (Aragão et al., 2014).
Otro ejemplo lo encontramos en África, La extracción de minerales en países como Tanzania, Namibia, Mozambique o Zambia, también ha generado transferencia de costos ambientales, como la contaminación atmosférica e hídrica. Un estudio en este último país determinó que la minería del cobre provocó altos niveles de emisiones de gases y partículas que afectaron la salud de las comunidades cercanas (Kapasa et al., 2017).
Entonces ¿Lo que percibimos en países desarrollados es una ilusión? En realidad, lo es a pesar del avance de la tecnología y de los lentos progresos en políticas regulatorias nacionales y convenios internacionales.
Pero… ¿qué hacer entonces? Conviene repensar el modelo de neoextractivismo en países en vías de desarrollo, y en la estructura que tenemos de mercado global actualmente. Debe buscarse alternativas más sostenibles y equitativas para todos los países; en esa línea Gómez-Baggethun et al., 2013 recomiendan diversificar las economías y fomentar el desarrollo de sectores que generen empleo y riqueza sin agotar los recursos naturales. La inversión en energías renovables de forma equitativa, la promoción de la economía circular y el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles pueden ser parte de la solución.
Por otra parte, otras medidas se centran en la gobernanza y empoderamiento local; la participación significativa de las comunidades locales y los grupos vulnerables en la toma de decisiones relacionadas con el uso de los recursos es esencial para garantizar la sostenibilidad y equidad, promoviendo sus derechos territoriales y reconociendo sus saberes tradicionales como una base para la gestión sostenible y la conservación.
Lamentablemente, en este mundo global, cada vez hay mayor polarización entre ricos y pobres, ganadores y perdedores; la transferencia de costes ambientales a países en vías de desarrollo es un problema serio y agudo que requiere acciones urgentes; un desafío para sus países, pero, a la larga, también para la comunidad global. Para lograr un desarrollo verdaderamente sostenible, es imprescindible ir aplicando una gestión responsable de los recursos, considerando tanto los impactos ambientales como las dimensiones sociales y económicas, y garantizando la participación activa de las comunidades locales y los grupos vulnerables en la toma de decisiones. Los instrumentos políticos y la movilización social pueden ser canalizados para lograr estos avances y evitar que la basura se quede debajo de la alfombra.
Referencias:
Acosta, A. (2009). El Buen Vivir o la Disolución de la Idea del Progreso. Íconos, Revista de Ciencias Sociales, (33), 109-125.
Aragão, L. E., Anderson, L. O., Fonseca, M. G., Rosan, T. M., Vedovato, L. B., Wagner, F. H., … & Barlow, J. (2014). «Spatial patterns and fire response of recent Amazonian droughts». Geophysical Research Letters, 41(20), 7545-7552.
Barbier, E. B. (2005). Natural resources and economic development. Cambridge University Press.
Bebbington, A., Bebbington, D. H., Bury, J., Lingan, J., & Muñoz, J. P. (2008). Mining and social movements: struggles over livelihood and rural territorial development in the Andes. World development, 36(12), 2888-2905.
Gómez-Baggethun, E., de Groot, R., Lomas, P. L., & Montes, C. (2013). The history of ecosystem services in economic theory and practice: From early notions to markets and payment schemes. Ecological Economics, 120, 262-273.
Gudynas, E. (2011). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. Ecología Política, 41-61. Kapasa, C. K., Ndenga, E., & Mwase, V. (2017). «Environmental and health impact of mining on surrounding communities: A case study of Kansanshi Mine in Solwezi, Zambia». International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(8), 859.
Svampa, M. (2019) Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. UCR. San José.